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La regularización saca a la luz una gran oferta alegal de viviendas turísticas

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El Sol Digital

viviendas

Málaga lidera la inscripción de esta nueva tipología de alojamiento con una demanda de casi 3.000 unidades

Juan Alberto Gómez

La primera ronda de inscripciones de quienes desean regularizar las viviendas para uso turístico, parece evidenciar el enorme parque de viviendas que se utilizaban como alojamientos improvisados. Casi dos meses después de entrar en vigor el decreto (el pasado mes de mayo), casi 9.700 demandantes han cumplimentado la declaración responsable. Aproximadamente, 4.806 han sido ya validadas y pueden ejercer la actividad.
Málaga lidera esta nueva modalidad de oferta reglada que le permite coexistir con hoteles y apartamentos turísticos, especialmente en las grandes ciudades y destinos vacacionales. En concreto, en la capital andaluza se han cumplimentado ya 5.662 declaraciones de las que 4.423 constan como presentadas, y algo más de 1.700 cuentan con número de registro. La primera magnitud multiplica por cuatro las contabilizadas en Cádiz, que le sigue con 944 presentadas y 602 inscritas (a 30 de junio de 2016). Sevilla, en tercer lugar, roza las mil viviendas interesadas de las que solo 645 pueden iniciar la actividad. En Granada, por su parte, el número de inscritas es de 184 unidades.
El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, insistió durante una reciente intervención parlamentaria en que la vivienda turística es una realidad “muy extendida” que era necesario regular para dar respuesta a “una oferta importante de inmuebles no destinados a vivienda sino a un uso de alojamiento privado para el turismo”. Al mismo tiempo, aclaró, “estamos evitando el fraude y la competencia desleal con los establecimientos hoteleros reglados” de Andalucía. Los expertos advierten que se está sacando a la luz una oferta opaca en ingresos económicos y seguridad jurídica. Los artífices de la normativa defienden, en todo momento, que “nace precisamente de un amplio consenso” entre “todos los agentes económicos y sociales” vinculados al turismo de Andalucía.
Fuentes del sector indican que “las previsiones se están cumpliendo porque se está produciendo una respuesta adecuada de quienes alquilaban viviendas a través de plataformas web”. Sin embargo, hay cierta cautela mezclada con expectación al desconocer todavía qué porcentaje de las oferta de viviendas se darán de alta definitivamente en el Registro de Turismo.
Cada Comunidad lo regula de forma individual, algo que, a la larga, puede crear tantos particularismos como discriminación regional. Andalucía, por ejemplo, no impone un mínimo de días de estancia como Madrid, que ha fijado 2,8 días. Los usuarios de la Comunidad madrileña se quejan de que este periodo sea inferior a la estancia media hotelera, algo que sitúa en inferioridad respecto a los establecimientos reglados. No ocurre así con la normativa andaluza puesto que dicha “limitación podría ser recurrida ante los tribunales o ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia”, advierten expertos consultados por El Sol Digital.

Si hay una población susceptible y con potencial suficiente para explotar esta nueva modalidad, es la ciudad de Málaga. La mayor oferta cultural, el gran dinamismo de los cruceristas y el formidable cambio operado en el centro histórico, está disparando la afluencia turística. Y esta realidad se ha trasladado a la planta hotelera que no cesa de abrir nuevos establecimientos. A esta tendencia, se están sumando los propios usuarios que regentan pisos y viviendas en el centro histórico. Fuentes del sector indican a este respecto que “Málaga, sin lugar a dudas”, y en cuanto a la provincia “destacan Estepona, Torremolinos, Marbella, Rincón de la Victoria y Nerja”.

Sanciones

El hecho de alojar a turistas sin estar inscrito en el Registro de Turismo de Andalucía comporta sanciones que van desde los 2.000 a los 18.000 euros como máximo. Sobre todo, las multas se imponen por no cumplir los requisitos mínimos, como no disponer de aire acondicionado, botiquín, información turística, o simplemente alojar más personas de las permitidas. También es obligatoria la licencia de primera ocupación. Las sanciones oscilarán mucho en función de lo que se infrinja. De todos modos, es la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte la que tiene potestad. Desde el organismo aclaran que “las infracciones por incumplimiento de algunas de las exigencias que contempla el decreto, habrá que verlas cuando se produzcan”.

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